Las campañas electorales en México han abierto un nuevo escenario de violencia en un país que ya se encuentra inmerso en un proceso político que culminará en las elecciones de junio de 2024, consideradas las más grandes de la historia en términos de cargos en disputa.
En medio de este contexto, el Gobierno ha anunciado que las dos candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, contarán con protección del Ejército en los meses por venir.
México ha vivido un mes de violencia desenfrenada, con cadáveres apareciendo en diversas ubicaciones, secuestros, torturas, quema de vehículos, narcobloqueos y ejecuciones.
Las cifras de víctimas mortales superarán durante este sexenio a las cifras previamente registradas, según el reconocimiento del propio Gobierno. Sin embargo, la violencia en el ámbito político y las diferencias entre partidos también han llevado a enfrentamientos armados en ocasiones, y el día de las elecciones no es la excepción.
En las elecciones intermedias de 2021, se registraron 101 homicidios políticos y un número mayor de delitos, incluyendo el secuestro de cuatro candidatos cuyo paradero aún se desconoce, según Noria Research, una organización que se dedica a investigar y medir la violencia en México.
Un punto de referencia importante en la historia de la violencia política en México fue el asesinato a tiros de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 en Tijuana. En aquel momento, la seguridad era escasa y estaba a cargo del partido, y la violencia era significativamente menor en comparación con la actualidad.
La tendencia de atribuir automáticamente la violencia política al narcotráfico es tan frecuente que esa explicación ha perdido significado. Imitar el modus operandi del crimen organizado, incluyendo el uso de armas y balas, a menudo resulta en que las investigaciones no vayan más allá de esta suposición. Sin embargo, a veces, la violencia proviene de facciones internas o incluso puede tratarse de conflictos políticos.
Las organizaciones que monitorizan y analizan la violencia en México suelen basarse en noticias de medios de comunicación para recopilar estadísticas.
«Explicar estos crímenes únicamente atribuyéndolos al narcotráfico es insuficiente. Es necesario determinar si el objetivo de los asesinos es el cargo político en disputa o el propio candidato, ya que en algunos casos, el peligro no desaparece con la finalización de las elecciones», señala María Teresa Martínez Trujillo, profesora del Tecnológico de Monterrey y experta en violencia.
Martínez Trujillo también destaca el caso de Italia, donde en zonas de riesgo se disuelven los municipios y se redistribuyen entre demarcaciones electorales vecinas para evitar situaciones de conflicto, una medida que tendría sentido en México dado que los territorios en disputa suelen ser codiciados por actividades ilegales como el narcotráfico.
La mayoría de la violencia en tiempos electorales en México se concentra en municipios rurales, donde los alcaldes de pequeñas localidades enfrentan un mayor riesgo que los candidatos presidenciales.
La protección policial ofrecida a veces no es de confianza y genera desconfianza. A lo largo de los años, se han implementado diferentes protocolos de seguridad para candidatos, incluyendo las mesas de distensión política, establecidas durante el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012) para prevenir conflictos en territorios propensos a la violencia.
Los mexicanos han aprendido a vivir tanto con la violencia cotidiana como con la violencia política, que en ocasiones parece ser solo una extensión de la primera.
Los asesinatos por razones de género también ocurren durante los procesos electorales, especialmente cuando el agresor pertenece al mismo partido político que la víctima. En estos casos, la explicación de la participación del narcotráfico es recurrente, pero la realidad puede ser mucho más compleja.
A pesar de la seguridad implementada y los protocolos existentes, cada candidato en México conoce los riesgos y las amenazas que enfrenta, ya sea por la influencia del narcotráfico o por conflictos internos en sus partidos.
La incertidumbre en este proceso electoral previo a las elecciones de 2024 plantea un escenario tenso y peligroso en un país donde la violencia política y el crimen organizado siguen siendo desafíos constantes.
