Desde hace meses, un grupo de pepenadores libra una lucha por querer entrar al relleno sanitario de Saltillo, donde la Unión de Pepenadores de la CROC mantiene un monopolio del negocio sin que la autoridad municipal intervenga para dar solución.
Doña Socorro Hernández Calvillo, 65 años, hunde, una y otra vez, la aguja sobre la manta blanca de flores tornasoladas.
Es un viernes y doña Socorro está sentada sobre la banqueta, en plena calle de Pérez Treviño, bajo la sombra de un pirul, en medio del tráfico de las 12:00.
Hace más de seis meses que doña Socorro borda mantas con hilos multicolores, cada vez que sale a la vía pública en manifestación con sus compañeros de lucha.
Dice que coser manteles le ha permitido sacar algo de dinero y mantenerse durante el movimiento que emprendió cuando ella, y un medio centenar de pepenadores, al frente de José Cruz Chávez Castillo, fueron expulsados del basurero municipal.
Ahora doña Socorro y sus compañeros se han reunido a las afueras de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana en espera de negociar, por enésima vez, con el capitán Hugo Gutiérrez y el comisionado Federico Fernández, su reingreso al vertedero.
Doña Socorro, la más antigua entre los recicladores del grupo, cuenta que en 40 años de trabajar hurgando entre los deshechos su propia supervivencia, nunca se había visto tomando las calles.
Había llegado a vivir con su esposo y sus siete hijos del ejido Francisco Villa, Zacatecas, a un tejabán de lámina y cartón en el tiradero de Saltillo, cuando en el tiradero había tejabanes de lámina y cartón.
“Pa que ora digan que ni nos conocen”, dice y vuelve a encajar la aguja enhebrada sobre la manta.
Eran los tiempos, cuenta Doña Socorro, en que la basura se quemaba y los pepenadores pepenaban lo que podían: entre chanclas, trapos, metal y vidrio.
Antes de que llegara lo que algunos recolectores han dado en llamar, “la revolución del reciclaje”, con el auge del pet.
El conflicto por la basura
Entre el ruido estridente de los cláxones y las máquinas, José Cruz Chávez, quien se ostenta como representante de los recicladores, dice que desde que la mesa directiva de la Unión de Pepenadores de la CROC, liderada por María del Carmen Molina Corral, le prohibió la entrada al basurero, su gente se ha visto en la necesidad de emplearse; las mujeres, lavando ajeno y limpiando casas, los hombres en la obra, de operarios en fábricas o pepenando por la ciudad.
“A milusos, pero nuestro principal ingreso era el relleno”, comenta.
De pronto su celular suena con un sonido frenético, trepidante.
“¡Bueno!”.
Parece que hoy, como en las muchas protestas con cierre de calles que ha realizado el grupo por más de seis meses para exigir su reintegración al relleno sanitario, las autoridades, en este caso, de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana se han excusado y los citan para otro día.
“No nos van a poder recibir, pero que mañana tenemos que estar aquí a las 11:00. A mí sí me gustaría que fuera la mayoría porque ya estamos hablando de la entrada al relleno, ya no de que a ver si… Ahorita me dicen ‘o entran o entran’. Nos quieren aquí para decirnos cómo”, informa Chávez Castillo a su comitiva.
Con los días José y sus compañeros caerán en la cuenta de que ésta es solo una estratagema de las autoridades del Ayuntamiento local para disolver, una y otra vez, los plantones de los recicladores y dar largas a la solución del conflicto con la CROC.
En la guerra todo se vale.
Hoy, como en otros días, Brenda Mata, recolectora, viuda, madre de tres hijos, dirá que los pepenadores se irán otra vez a su casa “con la cola entre las patas”.
“Un paracetamol nomás pa que nos calme la dolencia”, comenta y sus compañeros ríen sin ganas.

El negocio de la basura
Otra mañana en su vivienda de la colonia Puerto de Flores, una suerte de monte con casas bajas de block sin enjarrar y calles de tierra, José Cruz dice que el problema de los pepenadores desterrados del basurero, mismo que ya ha cobrado un cariz de conflicto social, surgió en 2019.
Ello después de que él denunciara, ante el sindicato y la presidencia municipal, un presunto monopolio en la compra-venta de basura ejercido por la familia de la secretaria general de la Unión de Pepenadores de la CROC, María del Carmen Molina Corral.
Clan que, en los últimos 12 años, ha logrado establecer un negocio de compra y procesamiento de residuos valorizados como pet, aluminio y cartón.
Desde entonces, afirma Chávez Castillo, los afiliados a este sindicato son obligados por la mesa directiva de la Unión de Pepenadores de la CROC, a vender en la empresa de los hijos de la secretaria general el material recuperado del basurero, a precios por debajo de la mitad de lo que se compra en otras recicladoras de Saltillo y Monterrey.
Además de que a la hora de pesar en la báscula los costales con el pet, el comprador de la Unión resta a cada carga entre 10 y 15 kilos, argumentando que va sucia o contaminada con etiquetas o líquidos.
“Con CROC tenemos los precios a menos del 50 por ciento y sí, es una explotación enorme, y porque yo vine a quejarme de la explotación me dicen ‘ah, usté está dañando a la Unión, va pa fuera’”, platica José.
Hacía más de 20 años que José Cruz, quien originalmente se dedicaba a la albañilería, había ingresado al tiradero, como miembro de la CROC, invitado por un pepenador amigo suyo.
“En la obra trabajaba un mes, me paraban otro mes y qué iba a hacer. En cambio, en el basurero siempre hay basura, dije ‘de aquí soy’”.
José, que apenas y había terminado la secundaria abierta, ocupó por nueve años el cargo de secretario del trabajo en la mesa directiva de la Unión de Pepenadores de la CROC.
Con el tiempo José consiguió que su esposa, dos de sus hijos, su madre y algunos familiares más, entraran también a pepenar en el tiradero.
Hasta que, por supuestas violaciones al reglamento, fue expulsado del sindicato.
Tras su salida forzada del vertedero en 2019, José, su esposa y sus dos hijos, se lanzaron en una guerra sin cuartel por la basura contra el sindicato de la CROC y el Ayuntamiento local.
A mediados de 2022 la familia logró que la dejaran entrar, “por la libre”, a pepenar, pero…
“Con muchas limitaciones, no podíamos entrar a donde andaban los de la CROC. Nos tiraban uno o dos camioncitos de basura y ‘de ahí te tienes que mantener’”.
En esa época José tuvo la oportunidad de sacar del relleno sanitario el material reciclado y venderlo por su cuenta en compañías externas.
Mientras que en la compra de la Unión de Pepenadores de la CROC le pagaban 3.50 pesos el kilo de pet, en compañías como Maresa y Ecoce podía cobrar hasta siete o 10 pesos por kilogramo de botella.

“En un día, si nos iba bien, nos traíamos mil 500 pesos, dos mil pesos. Si vas al relleno con CROC, juntas 30 kilos y te lo pagan a tres pesos, sacas 90 pesos; si juntas 30 kilos lo vendes afuera y te lo pagan a 10, sacas 300 pesos”, dice José como todo un experto en aritmética.
En febrero de 2023 cerca de 45 pepenadores, que entonces pertenecían a la CROC, desertaron del sindicato y se unieron a José Cruz Chávez y su familia.
La CROC es, junto con la CTM, una de las dos centrales que, por acuerdo del municipio, operan en el vertedero de Saltillo desde hace más de 50 años con su Unión de Pepenadores.
La CTM de lunes a jueves, la CROC de viernes a domingo.
“La gente se vino con nosotros, porque ya no sacaban ni pa comer y no querían seguir siendo explotados”.
La lucha por entrar al relleno
A mediados de junio el basurero reinició sus actividades después de una pausa debido a su saturación y la construcción de una nueva fosa.
José Cruz se disponía a regresar con su gente, cuando la Dirección de Servicios Públicos, a cargo de Alejandro Hassaf Tobías, giró un oficio en el que se le negaba, sin razón aparente, el permiso para entrar al relleno, y ya no pudo entrar más.
“El relleno sanitario es municipal, tiene toda la autoridad de negarte la entrada, pero a mí me vas a negar la entrada cuando yo haya incumplido con el reglamento interno del relleno, dice el municipio ‘no, no, no, tú arregla con el sindicato y si no, no entras’. Imagínese, una autoridad municipal se deja ordenar por un sindicato…”.
Los pepenadores, en su mayoría mujeres, que a principios de año se habían sumado a la causa de José, decidieron seguirlo y adherirse a una guerra por la basura que desde hace cinco meses ha tomado las calles de la ciudad como campo de batalla.