Cinco años después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 10VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos en el caso conocido como «La Masacre de Allende», las víctimas continúan sin recibir reparaciones por los daños sufridos, mientras las autoridades todavía cuestionan los términos de la recomendación.

A finales de octubre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos promovió un recurso conocido como «Amicus Curiae» para que el Tribunal Constitucional del Estado de Coahuila aclarara una serie de dudas sobre el alcance de los puntos recomendatorios de la CNDH, especialmente en lo que respecta a la reparación a las víctimas que sufrieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros daños.

Según la recomendación de la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) actúa como un observador del cumplimiento de los puntos recomendatorios, que estaban dirigidos a diversas autoridades, incluyendo la Fiscalía de Coahuila, la FGR, el Ayuntamiento de Allende y el Gobierno del Estado.

En la audiencia de alegatos, donde el Tribunal presentó sus resultados, ya no se convocó a víctimas y representantes legales, incluso a aquellas que no fueron reconocidas en la recomendación. Entre los cuestionamientos de la CDHEC se encuentra si es el Estado quien debe otorgar compensaciones a las víctimas y si es constitucional que el Estado considere su situación presupuestaria al determinar las propuestas de reparación.

Ariana García Bosque, abogada del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, sostiene que se han llevado a cabo actos de simulación para cumplir con esta recomendación, y que este ejercicio podría retrasar la reparación a las víctimas, incluso más de diez años después de los sucesos y cinco años después de la emisión del documento de la CNDH.

García Bosque señala que la CDHEC plantea dudas en el Amicus Curiae sobre si el Estado debe considerar a otras víctimas que no están mencionadas entre las 49 de la recomendación, a pesar de que la CNDH solicitó a la autoridad realizar un censo para identificar a otras víctimas, lo cual tampoco se ha realizado a pesar de un plazo de seis meses para llevarlo a cabo.

En este contexto, la abogada subraya que este procedimiento parece destinado a generar criterios que limiten la responsabilidad de las autoridades y retrasen la reparación de daños, lo que va en contra de los estándares internacionales y del debido cumplimiento de la recomendación.

A pesar de los años transcurridos, la justicia y la reparación a las víctimas en el caso de «La Masacre de Allende» continúan pendientes, y el proceso se ve entorpecido por obstáculos burocráticos y legales.