Desde el año 2019, varios entes públicos en Coahuila han acumulado deudas de información con los ciudadanos que solicitaron datos a través de plataformas de transparencia. A pesar de la intervención del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), estos entes no han cumplido con sus obligaciones de proporcionar la información requerida. Entre las instituciones incumplidas se encuentran la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad estatal y el municipio de Parras, entre otros.
En una reciente sesión del Consejo General del ICAI, se presentaron 58 dictámenes de incumplimiento, en los cuales 27 instituciones públicas de Coahuila no proporcionaron la información solicitada por los ciudadanos.
Los dictámenes se emiten después de que los ciudadanos inicialmente solicitan información a través de las plataformas de transparencia. Cuando las entidades no responden o lo hacen de manera insatisfactoria, los ciudadanos recurren al ICAI, que interviene para exigir una respuesta.
A pesar de esta intervención, algunas entidades públicas arrastran omisiones en la entrega de información desde 2019. De los 27 dictámenes de incumplimiento, 11 datan de ese año, así como de 2021 y 2022.
Entre los entes con incumplimientos se encuentran múltiples municipios, la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Gobierno. Además, en 2023, algunas instituciones siguen siendo reincidentes en estas omisiones, a pesar de su historial y las múltiples intervenciones del ICAI. Esto incluye al municipio de Parras, la Secretaría de Seguridad Pública y la FGE, que acumula hasta siete dictámenes de incumplimiento.
Es importante destacar que todas las entidades que reciben financiamiento público tienen la obligación de responder a las solicitudes de información de los ciudadanos, a menos que existan razones legítimas para mantener ciertos datos en reserva, lo cual deben justificar debidamente.
Estos actos de incumplimiento pueden dar lugar a sanciones impuestas por el ICAI, que van desde amonestaciones públicas hasta multas económicas, e incluso acciones administrativas contra las áreas de transparencia. Sin embargo, se informa que en los años recientes, a pesar de los numerosos dictámenes de incumplimiento emitidos, no se ha impuesto ninguna de estas sanciones.
La última sanción registrada por incumplimiento en materia de acceso a la información data de 2020, cuando se aplicaron siete amonestaciones públicas, según datos proporcionados por el propio ICAI.
