El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado un llamado a los partidos políticos para prevenir la entrada de dinero ilícito en sus campañas, estableciendo un límite en el financiamiento privado que recibirán de militantes y simpatizantes en las elecciones de 2024.
Según el acuerdo del INE, los partidos podrán recibir un total de 132 millones 195 mil 744 pesos de sus militantes, ya sea en dinero o en especie. Además, podrán aceptar 42 millones 963 mil 332 pesos de simpatizantes.
El límite para las precandidaturas y candidaturas, en conjunto, es también de 42 millones 963 mil 332 pesos, en dinero o especie.
El INE enfatizó que la suma del financiamiento privado, incluyendo el autofinanciamiento y rendimientos financieros, no podrá exceder el monto de financiamiento público destinado a las actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos.
Los consejeros del INE hicieron un llamado a los partidos para garantizar que ningún dinero ilegal entre en sus campañas y arcas partidistas, destacando que la licitud de los recursos privados es esencial para que los compromisos se mantengan con la ciudadanía y se cumplan dentro de las reglas establecidas.
«Es en interés de todos que el dinero ilícito no se mezcle con las campañas electorales. Los partidos deben tomar medidas para prevenir que estos recursos lleguen a sus campañas», declaró la consejera Norma de la Cruz.
Carla Humphrey, otra consejera del INE, subrayó la importancia de que los partidos distingan claramente entre los recursos de origen lícito e ilícito, asegurando que esta transparencia es fundamental para que los ciudadanos emitan votos informados y razonados en las elecciones.
La ley prohíbe las aportaciones o donativos a partidos políticos en dinero o en especie por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, así como dependencias de cualquier nivel de gobierno.
También prohíbe contribuciones de líderes religiosos, organizaciones internacionales, personas morales y personas que viven o trabajan en el extranjero.
Estas medidas buscan asegurar que el origen y destino de los recursos sean transparentes y legales, fortaleciendo la confianza en el proceso electoral.
