A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad vial en la ciudad, la instalación de reductores de velocidad, comúnmente conocidos como «boyas», ha enfrentado obstáculos considerables. En lo que va del año, se han aprobado solo el 48% de las 160 solicitudes recibidas por la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial para la colocación de estos dispositivos.

Francisco José Torres Suárez, director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, explicó que las autorizaciones se otorgan cuando al menos el 60% de los vecinos de las calles afectadas respaldan la instalación de boyas.

Es común que los ciudadanos tomen la iniciativa de instalar estas medidas por cuenta propia, pero la falta de señalización adecuada, la ubicación inadecuada con respecto a otros reductores y otros factores perjudiciales han llevado a la necesidad de regulaciones más estrictas.

El funcionario enfatizó que es esencial que los residentes interesados se acerquen a la dependencia correspondiente y presenten la solicitud adecuada para garantizar que la instalación sea segura y beneficiosa tanto para peatones como para conductores.

Las boyas deben ser ubicadas de manera estratégica, especialmente en áreas de alta afluencia de personas, como iglesias y parques, donde su instalación puede justificarse.

Para solicitar la instalación de boyas, los interesados deben proporcionar una explicación detallada de los motivos, obtener la aprobación de al menos el 60% de los residentes en la calle afectada, presentar una identificación oficial del solicitante y proporcionar detalles precisos sobre la ubicación y el croquis del lugar.

Además, deben especificar si desean que la instalación sea responsabilidad del municipio o de los propios vecinos. La regulación adecuada es esencial para garantizar la eficacia y seguridad de estos dispositivos de control de velocidad en la ciudad.